CJPG2

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado este miércoles estudiar proponer al Gobierno varias medidas para evitar el incremento de los desahucios, extendiendo “al cliente sobre-endeudado” las ayudas “que la banca recibe del Estado”, además de revisar la regulación de las hipotecas.
Tras su reunión plenaria, el órgano de gobierno de los jueces ha señalado, en una nota de prensa, que ha sido “informado de la existencia de este trabajo” con medidas para revisar la regulación de los desahucios, pero que no debatirá su contenido ni lo asumirá como propio.
El informe con las citadas propuestas fue encargado en marzo de 2012 por el CGPJ a un grupo de seis magistrados, dirigido por el vocal Manuel Almenar, para que estudiaran cómo resolver el colapso en el procedimiento civil, el más saturado de todos los órdenes jurisdiccionales.
El resultado de este trabajo, titulado “Propuestas para agilización y reforma de los procesos civiles”, incluye un anexo con “medidas de protección del deudor frente a las consecuencias de la ejecución hipotecaria”, ante el incremento notable de estas ejecuciones, que se han multiplicado por cinco, dice, desde “el inicio de la crisis”.
En su reunión de este miércoles, el pleno del CGPJ ha acordado no asumir el contenido del informe. Más aún, respecto del anexo “Propuestas en materia de endeudamiento familiar y consecuencias de la ejecución hipotecaria”, ha destacado que “no ha sido formalmente aprobado por el grupo de magistrados responsable de la elaboración del informe”.
El anexo se ha presentado ante el pleno unido al conjunto del informe,que va firmado en su conjunto por los seis magistrados. Las propuestas sobre los desahucios parten de la idea central de que “a estas alturas ya nadie discute que las entidades bancarias no han sido ajenas al estallido de la burbuja económica que ha generado la crisis”.
Por eso, el anexo propone “extender al cliente sobre-endeudado (obviamente siempre que lo sea de buena fe) una parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado, pues en otro caso el deudor se verá abocado a la ruina”. En cuanto a las propuestas para agilizar los procesos civiles, el estudio sugiere limitaciones a la justicia gratuita y a la actuación del procurador en vistas y juicios o la supresión de la intervención preceptiva de abogado y procurador en los juicios de desahucios para agilizarlos y abaratar costes.
(Alerta amb aquest últim parràgraf: l’informe critica el paper de la banca en una crisi que ha portat als organs civils de la Justicia a una situació límit, pero a part d’aixó, proposa per resoldre els problemes en l’administració de la Justicia una perdua de drets per els procesats per desnonaments. AnoiaHipotecada)

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